El diario El Norte de Castilla se hace eco de los últimos avances relacionados con la ‘Operación Ignis‘, caso en el que se investiga el «supuesto cambiazo de 6.000 féretros» por parte de la funeraria El Salvador, en Valladolid.
Esta operación ha concluido con la detención de 14 personas acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros más baratos en el momento del proceso de cremación. Esta investigación tiene su origen en «el proceso penal iniciado en 2017 entre el Grupo El Salvador y un trabajador que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares».
Como destaca el citado medio, Guillermo Ruiz, abogado de la defensa y Director del Área Legal en UBT, ha pedido una entrevista con la magistrada «tras doce meses de instrucción, más de una veintena de testificales, la presentación de un estudio que destaca más de 300 contradicciones en los textos de la extorsión, y otras pruebas periciales y documentales aportadas«.
Insiste este letrado en que se ha tirado todo el año «combatiendo la elevada presunción de culpabilidad» de sus clientes en un proceso que considera de «tintes kafkianos», en el que «es difícil que unos ciudadanos puedan defenderse de una nebulosa incriminatoria que nunca se concreta», continúa la publicación.
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