La Ley 2/2023 de protección a informantes marcó un hito en el ámbito del compliance en España durante el año 2023. Una de las principales novedades fue la futura creación de una autoridad independiente de protección del informante a nivel estatal. Aunque esta autoridad aún no se ha establecido, la ley permite la creación de autoridades autonómicas para garantizar la protección de los informantes.
¿Qué es la Autoridad Independiente de Protección del Informante?
La Autoridad Independiente de Protección del Informante es una entidad gubernamental diseñada para implementar y supervisar la protección de las personas que denuncian infracciones normativas y casos de corrupción. En el contexto español, la creación de esta autoridad se prevé en la Ley 2/2023 de Protección a Informantes.
Funciones principales de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
- Gestión del Canal Externo de Comunicaciones: Recibe y gestiona las comunicaciones relacionadas con posibles infracciones, ofreciendo la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima o bajo un compromiso de confidencialidad.
- Adopción de Medidas de Protección: Evalúa las denuncias presentadas para determinar si merecen medidas de protección para el informante, implementándolas según sea necesario.
- Participación en el Proceso Normativo: Emite informes preceptivos y participa en la elaboración de normativas relacionadas con su ámbito de competencia y las leyes que regulan sus funciones.
- Tramitación de Procedimientos Sancionadores: Tiene la autoridad para llevar a cabo procedimientos sancionadores e imponer sanciones por infracciones definidas en la ley.
Régimen Jurídico de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
- Entidad Independiente: La Autoridad Independiente de Protección del Informante posee autonomía completa y personalidad jurídica propia, lo que le permite actuar y tomar decisiones de forma independiente.
- Autonomía Orgánica y Funcional: Esta autonomía se extiende tanto a su estructura organizativa como a la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones, garantizando así su imparcialidad y eficacia sin influencias externas.
- Comisión Consultiva: Cuenta con una Comisión Consultiva compuesta por representantes de diversas instituciones, que brinda asesoramiento a la Presidencia de la Autoridad, asegurando la toma de decisiones informada y equitativa.
- Cese del Presidente: El cese del Presidente está sujeto a causas específicas establecidas en la legislación. En ciertos casos, se requiere la ratificación por mayoría absoluta de la Comisión competente del Congreso de los Diputados, lo que garantiza un proceso transparente y un adecuado control sobre la gestión de la Autoridad.
Régimen Sancionador
El financiamiento de la Autoridad proviene de las sanciones que impone. Para evitar un uso excesivo de esta facultad, se ha implementado un control reforzado que busca garantizar la proporcionalidad y la justicia en el proceso sancionador.
Protección del Informante
La confidencialidad y el anonimato son elementos centrales en el régimen de protección. La Autoridad tiene la capacidad de recibir denuncias de manera anónima o bajo compromiso de confidencialidad, lo que crea un entorno seguro para quienes deseen denunciar irregularidades.
Transparencia y Control
La Autoridad Independiente de Protección del Informante rinde cuentas anualmente ante las comisiones del Congreso de los Diputados y el Senado. Este proceso de rendición de cuentas asegura una supervisión constante de sus actividades, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en su funcionamiento.
Implicaciones en las Comunidades Autónomas
Varias comunidades autónomas han recogido el testigo, estableciendo la obligación para las personas jurídicas con 50 o más trabajadores de comunicar al responsable de su Sistema Interno de Información. Esta obligación también se aplica a todas las entidades del sector público de estos territorios.
¿Qué comunidades autónomas tienen estas autoridades y qué entidades son? A enero de 2024, existen las siguientes:
- Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
- Oficina Antifraude de Cataluña.
- Agencia Valenciana Antifraude.
- Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.
- Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.
Estas autoridades tienen alcance sobre su comunidad autónoma, siendo así las pioneras en desarrollar esta figura. La tendencia observada en España muestra que la protección al informante se ha integrado progresivamente en entidades ya existentes, cuyo objetivo principal es la lucha contra la corrupción y el fraude. Este enfoque consolidado permite aprovechar la experiencia acumulada en estas instituciones.
Si tienes dudas sobre los Sistema Interno de Información, qué implican, y sobre aspectos concretos como la figura de estas autoridades, no dudes en consultarnos. En UBT Legal & Compliance somos expertos en la gestión de estos Sistemas y los canales éticos o de denuncias, uno de sus elementos.
Puede consultar la situación a septiembre de 2024 pinchando aquí.