La Unión Europea (UE) ha instado un procedimiento contra China en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por no permitir a las empresas de la UE demandar ante un tribunal extranjero a los fabricantes chinos de telefonía para proteger sus patentes.

El Tribunal Supremo de China estableció que sus juzgados y tribunales pueden prohibir, mediante un “mandamiento judicial antiproceso”, que los titulares de patentes acudan a jurisdicciones extranjeras para ejercitar las acciones judiciales correspondientes para la defensa de sus derechos de propiedad industrial. Además, en caso de que una empresa no cumpla dicho mandamiento judicial, puede enfrentarse a importantes sanciones económicas en la República Popular China.

Como consecuencia de ello, los productores de tecnología ubicados en China utilizan las patentes sin haber adquirido sus derechos de uso o, en el mejor de los casos, pagan cantidades muy por debajo del precio de mercado a los titulares de las mismas por la cesión de licencias, ya que las empresas europeas se acaban conformando ante la imposibilidad de ejercitar acciones judiciales.

Esto supone un importante perjuicio para las grandes compañías comunitarias, que no pueden hacer valer las ventajas tecnológicas obtenidas, lo que perjudica la inversión y la innovación en este ámbito. Algunas de las patentes más relevantes afectadas son las relacionadas con la tecnología 5G.

En definitiva, la UE considera incompatible la forma de actuar de la justicia China con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Por ello, el organismo supranacional ha instado a que la OMC inicie un procedimiento de consultas.

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