El pasado mes de diciembre vio la luz el informe anual sobre ayudas públicas referente al año 2021. Es el octavo del total que han visto la luz desde la creación de la CNMC. De esta forma, se han lanzado los resultados del último año en relación con seguimiento de las ayudas públicas en España llevado a cabo por esta institución.

Este tipo de informes son de especial relevancia, puesto que la concesión de ayudas públicas constituye un importante medio de intervención del sector público en la economía. De hecho, este informe, es sin duda uno de los más relevantes. Esto se debe a que el tejido económico español y europeo va a estar fuertemente condicionado por las ayudas de los Fondos Europeos NextGenerationEU.

Ante estas ayudas, aparecen cuestiones que marcarán el devenir del impacto final de estos fondos, como son:

  • ¿Serán capaces todas las entidades gestoras y ejecutoras de los fondos NextGenerationEU; de implantar Planes de Medidas Antifraude suficientes y válidos para combatir los riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses?
  • ¿Serán los requerimientos mínimos exigidos por la Orden HFP/1030/2021 a los Planes de Medidas Antifraude suficientes?
  • ¿Pasará factura que la exigencia de mitigación de riesgos penales se limite sólo a los de fraude, corrupción y conflictos de intereses?

Afortunadamente, los tipos de riesgos penales a los que están expuestos los fondos NextGenerationEU han sido ampliamente trabajados desde el ámbito del cumplimiento normativo o compliance. Esto va a ser clave para un correcto diseño e implementación de Planes de Medidas Antifraude.

Desde UBT Legal & Compliance somos especialistas en compliance, lo cual nos ha permitido ser capaces de desarrollar un método de trabajo óptimo para el diseño, desarrollo e implementación de estos Planes de Medidas Antifraude.