Recurrir a instrumentos de Due Diligence es una práctica cada vez más común en todos los sectores productivos; pero esta práctica resulta aún más común en el sector de las energías renovables.
¿Qué se entiende por Due Diligence legal?
Due Diligence es una investigación o auditoría realizada por expertos independientes para valorar la existencia de potenciales riesgos legales de una organización. Generalmente, los informes de debida diligencia se realizan tras los primeros contactos con la organización a investigar y sirven para valorar el estado de cumplimiento legal de esta.
El principal objetivo de la Due Diligence legal es mitigar los riesgos legales derivados de las relaciones jurídicas mantenidas con la organización en cuestión
Due Diligence legal a sociedades vehículo (SPV)
Cada vez más empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de energía renovable utilizan las sociedades vehículo (SPV) con el objeto de alargar los plazos de financiación, buscar un mayor apalancamiento y diversificar riesgos de la empresa matriz.
El tratamiento inadecuado de los riesgos legales puede suponer un gran daño a la organización
La diversificación de los riesgos, en ocasiones, provoca una gestión ineficaz de los mismos. Riesgos legales de Compliance, de PRL o en materia de Defensa de la Competencia, de materializarse, pueden suponer, incluso, la disolución de esta.
Es por eso por lo que, resulta fundamental realizar una debida diligencia legal antes de la adquisición de estas sociedades “proyecto”. Uno de los principales riesgos legales en la adquisición de sociedades vehículo resulta ser el de Compliance. Tal y como se recoge el artículo 130.2 del Código Penal, <<la transformación fusión o absorción de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal>>; de modo que, con la adquisición de una sociedad contaminada se podría estar asumiendo un riesgo penal inherente a la misma.
Due diligence legal junto a la Due Diligence técnica
Más allá de la revisión de las características técnicas de un proyecto, incluyendo estimaciones de producción, infraestructuras, diseños y valoración de equipos eléctricos asociados, se deben tener en cuenta cuestiones en materia de Compliance. Conocer cómo se han adquirido los permisos administrativos, de qué manera se han cerrado los acuerdos con propietarios o cómo se han realizado los contactos con la administración pública es indispensable para no asumir riesgos penales derivados de la adquisición de una SVP y de esa manera evitar el régimen de responsabilidad del artículo 130.2 del Código Penal.
Desde UBT Legal & Compliance tenemos un claro objetivo: proteger a las organizaciones en el desarrollo de su actividad. Es por eso por lo que ofrecemos informes de debida diligencia legal para valorar el nivel de riesgo legal de la operación.