Alerta: tu organización presenta un riesgo penal alto
El análisis realizado a través del cuestionario muestra que tu organización se encuentra actualmente en un nivel de riesgo inherente alto respecto a la posible comisión de delitos penales, atendiendo a la naturaleza de su actividad comercial, los mercados en los que opera y, sobre todo, el hecho de no disponer todavía de un modelo formalmente implantado que cumpla con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal.
Este diagnóstico revela que, a día de hoy, la organización carece de las medidas mínimas necesarias para acreditar la existencia de un sistema eficaz de prevención y control, quedando completamente expuesta tanto en el plano penal como en el reputacional.
¿Qué implica tener un riesgo inherente alto en el ámbito mercantil?
Tener un riesgo inherente alto no significa que tu organización esté cometiendo delitos, pero sí refleja que, por el tipo de operaciones y relaciones que mantiene —por ejemplo, ventas nacionales e internacionales, contratos con distribuidores o agentes, gestión de marcas o productos regulados—, existen riesgos penales elevados que actualmente no están cubiertos mediante un modelo estructurado de compliance penal.
En el caso de empresas comerciales, esto supone estar especialmente expuesto a delitos como:
- Corrupción entre particulares o en los negocios, derivados de acuerdos o incentivos inadecuados en procesos de venta.
- Falsificación de medios de pago o de documentos mercantiles, sin controles internos que verifiquen la autenticidad o correcta contabilidad.
- Delitos contra el mercado y los consumidores, relacionados con prácticas desleales o con incumplimientos de normativa sectorial.
- Vulneración de derechos de propiedad intelectual o industrial, en el caso de distribución o comercialización de productos sujetos a licencia.
- Blanqueo de capitales, si no existen procedimientos robustos para verificar el origen de ciertos pagos o relaciones comerciales.
Todo ello deja a la organización sin las garantías que ofrece el artículo 31 bis del Código Penal, lo que significa que, en caso de un procedimiento penal, no podrá beneficiarse de una exoneración o atenuación de responsabilidad, quedando igualmente expuestos los administradores o directivos.
¿Por qué es urgente implantar un modelo de prevención?
En el entorno actual, clientes, proveedores, inversores y, por supuesto, autoridades, exigen que las empresas comerciales cuenten con sistemas de cumplimiento normativo reales y efectivos. Operar sin un modelo conforme al artículo 31 bis implica:
- Riesgo directo de sanciones penales o económicas, que pueden incluir multas significativas, limitaciones operativas o incluso la disolución de la sociedad.
- Responsabilidad personal de administradores, consejeros o gerentes, al no poder demostrar que habían puesto los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos.
- Pérdida inmediata de la confianza del mercado, que puede traducirse en rescisión de contratos, dificultades para acceder a financiación o barreras para cerrar acuerdos estratégicos.
- Un daño reputacional que, en muchos casos, resulta irreparable y afecta directamente a las ventas y la estabilidad del negocio.
Por eso, pasar de un escenario sin un modelo formalizado a un sistema integral de prevención penal no es solo una cuestión legal, sino una decisión estratégica imprescindible para garantizar la continuidad, la reputación y la competitividad de la empresa.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se nos considera riesgo alto si nunca hemos tenido un problema?
Porque el riesgo inherente se determina por el tipo de operaciones, relaciones comerciales y ausencia de medidas formales de prevención, no por la existencia de incidentes previos.
¿Qué responsabilidad tienen nuestros administradores o consejeros?
En ausencia de un modelo eficaz, pueden ser responsables penalmente junto con la persona jurídica, incluso con su propio patrimonio.
¿Cuánto tarda en implantarse un programa adaptado?
Normalmente, entre 2 y 4 meses, dependiendo del tamaño y complejidad de la empresa, se puede disponer de un sistema completamente operativo y documentado.