Consultoría Legal
PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
Corporate Compliance
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar en la gestión, control y pago de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation EU.
La elaboración y aprobación del Plan de Medidas Antifraude es un proceso que puede resultar complejo, ya que requiere conocimientos en materia de cumplimiento normativo, así como en Sistemas de Gestión, que garanticen la eficacia de las medidas implantadas y la mejora continua del Plan.
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¿CÓMO SE IMPLEMENTA UN PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE?
Además de elaborar y aprobar el propio Plan de Medidas Antifraude, la Orden exige el cumplimiento de otros requisitos como la existencia de un Código Ético, un canal de denuncias o determinadas políticas y procedimientos que aseguren una adecuada gestión de los fondos y la mejora continua del Sistema.
El servicio ofrecido por UBT L&C permitirá a las instituciones garantizar el cumplimiento de cada una de sus obligaciones en esta materia, con el apoyo y soporte de un equipo profesional con amplia experiencia.
Además de la elaboración y aprobación de la documentación, el servicio cubre la necesidad de nuestros clientes de formar a las personas que participan en la gestión de fondos públicos y facilitamos planes de comunicación que aseguren la cultura de cumplimiento en las organizaciones.
Se trata de un servicio 360º que da respuesta a las organizaciones en relación con todas las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en materia de gestión de fondos públicos.
ANÁLISIS DE RIESGOS Y GOBERNANZA
Desde UBT L&C contamos con una herramienta específica para la gestión de riesgos derivados de la gestión de fondos públicos, así como la gobernanza de nuestro Plan de Medidas Antifraude: CompaaS Next Gen EU. Se trata de la herramienta que dota a las instituciones y empresas públicas de los medios necesarios para gestionar eficazmente sus riesgos en relación con la gestión de fondos públicos, especialmente los europeos recogidos en el PRTR, ahorrando recursos humanos y económicos.
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