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Esta semana vio la luz una importante sanción de la Securities and Exchange Comission (SEC), el organismo estadounidense encargado de regular los mercados y proteger a los inversores. En dicha sanción, se condenaba a pagar 100 millones de dólares a una conocida consultora debido a que sus auditores habían hecho trampas en varios exámenes de ética que se les exigían para obtener o mantener la licencia profesional.

Nunca la SEC había impuesto una sanción tal calibre a una empresa del sector de la consultoría. No obstante, no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta entidad reguladora descubrió que habían engañado a los investigadores, ocultado pruebas y violado las normas de contabilidad pública.

Además, según lo expuesto por la SEC, esta consultora había recibido una información interna sobre empleados que hacían trampas en ciertos exámenes de ética. Esto no fue revelado a la SEC inicialmente. Posteriormente, cuando se llevó a cabo una investigación, salió a la luz un problema de trampas mucho más extendido.

Estos tipos de actos son totalmente contrarios a la implantación de cualquier modelo o Sistema de Gestión de compliance. La formación constituye uno de los principales mecanismos para concienciar e instruir a los miembros de una entidad; de cara a conseguir la máxima implantación de una verdadera cultura de cumplimiento.

Para lograr esto, es clave ser capaz de:

  • Detectar las necesidades formativas de una organización;
  • Identificar los recursos de que dispone para satisfacer esta necesidad;
  • Diseñar formaciones lo más adecuadas y personalizadas posible;
  • Contar con mecanismos que nos permitan evaluar de manera efectiva la realización y superación de las formaciones.
  • Disponer de asesoramiento de especialistas en la materia.

Desde UBT Legal & Compliance somos especialistas en compliance, englobando la realización de formaciones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Contamos con un equipo con una visión integral de temas vinculados al compliance como el buen gobierno, los riesgos penales aplicables a personas jurídicas, o la corrupción y el fraude.