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Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…).

Uno de los ámbitos a los que hay que prestar atención es a las infracciones administrativas. Esto se debe a que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) recoge la posible prohibición de contratar con el sector público. Concretamente, podría conllevar esta penalización una sanción administrativa firme en una de las siguientes áreas:

  • El falseamiento y distorsión de la competencia.
  • El no respeto a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
  • Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, hallarse declaradas en concurso, o haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento.
  • No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

Es decir, no únicamente podemos ser sancionados por la comisión de delitos. Conductas que se engloben en una de las áreas mencionadas pueden generar también esta prohibición.

Ante esto, cabe preguntarse si esta prohibición de contratar con el sector público puede ser levantada.

La respuesta es que sí. Específicamente, esta ley determina que la prohibición de contratar con el sector público puede ser revisada en cualquier momento de su vigencia. No obstante, para ello es requisito indispensable la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar su reiteración.

Es aquí donde entran a colocación los modelos de compliance. Mediante estos problemas podemos articular un conjunto de mecanismos y recursos destinados a detectar, prevenir y corregir estas infracciones.

Además, en caso de contar con un modelo de compliance penal, estos permiten aprovechar posibles sinergias. Un mismo modelo de compliance podría mitigar distintas áreas, como los riesgos penales y los de infracciones administrativas. En estos se compartirían recursos, y se adaptarían a la realidad de nuestra entidad.

En UBT Legal & Compliance somos especialistas en el diseño, implementación y asesoramiento en modelos de compliance. De esta forma, ayudamos en la mitigación de todo tipo de riesgos legales, como los del ámbito penal y administrativo.